La primera parte del documento expone un breve resumen del conflicto en Colombia, posteriormente se expone porqué se debe aplicar el protocolo de gestión documental de los archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones a los DDHH, e infracciones al DIH.
Si bien es cierto, Colombia cuenta con un robusto marco legal que le apuesta a la atención de situaciones de riesgo y las posibles violaciones de los DDHH y DIH, a la par de los numerosos esfuerzos del Gobierno Nacional por la aplicación total de dichas normas, pero es acertado decir que no es suficiente solo con emitirlas. El más reciente intento del actual legislativo Colombiano no solo contempla el ámbito jurisprudencial, sino que en esta ocasión también se le apuesta a la construcción de memoria, es por ello durante el primer trimestre del 2017 el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado y el Centro Nacional de Memoria Histórica, publicaron El Protocolo de Gestión Documental de los archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones a los derechos humanos, e infracciones al derecho internacional humanitario, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, la importancia y relevancia de este documento radica en su implementación, ya que debe ser adoptado por la administración pública en todos sus niveles, así como las entidades privadas que cumplen funciones públicas y/o los organismos regulados por la Ley 594 de 2000, a la luz del Decreto 1084 de 2015.
Pues bien, con el fin de no caer en el error del ciclo normativo clásico, y por el contrario entender un poco mejor el cómo y porqué debemos aplicar el Protocolo de Gestión Documental, será necesario entender de forma resumida el contexto general del conflicto y la crisis humanitaria que vive Colombia, dado que dichas problemáticas han sido y serán la base para la construcción de memoria, y por supuesto todos sus registros de impactos en DDHH se materializa en documentos de Archivo.
MARCO ANALÍTICO DEL CONFLICTO – CRISIS HUMANITARIA QUE VIVE COLOMBIA
La crisis económica, la desigualdad, las economías ilícitas, los factores de violencia en las últimas décadas y la implantación de proyectos extractivos, agroindustriales e infraestructuras, se han acompañado o han sido instrumentalizadas por grupos armados ilegales, como una forma de apalancar su implantación violenta en diversos territorios, contribuyendo a la destrucción de tejidos sociales y prácticas culturales tradicionales.
En numerosas regiones el Estado central se desligó de responsabilidades esenciales transfiriéndolas a las regiones, en un marco de descentralización defectuoso, mientras que aspectos claves como la salud y la educación sufrieron un proceso de mercantilización, menoscabo en el acceso y la calidad de la atención.
De otra parte respecto a los contenidos geopolíticos y fronterizos es sabido que históricamente la frontera internacional colombiana se ha caracterizado por la baja presencia estatal y la captura de la institucionalidad por jerarquías y clientelas locales, condicionando el surgimiento de la violencia por la incapacidad del Estado para ejercer el monopolio de la fuerza, lo que lógicamente desencadena en vulnerabilidades sociales, económicas e institucionales, sumadas como lo mencione antes a la debilidad en el control y contención de las fronteras entre Colombia y las repúblicas vecinas, y esto como era de esperarse ha posibilitado la expansión de factores de violencia y conflicto armado.
Ahora bien en la actualidad vivimos un proceso de desarme y desmovilización, que inició con el proceso de paz, reparación y reconciliación, pero este a su vez ha motivado la transformación y expansión de antiguas estructuras, así como el surgimiento de nuevas organizaciones armadas, estas estructuras armadas se encuentran disputando territorios, rentas lícitas e ilícitas, así como la injerencia en las administraciones locales y regionales, contribuyendo a ahondar las brechas existentes entre victimarios y victimas en temas como la justicia, la verdad, y la reparación, a la par de alimentar fenómenos como la corrupción y procesos de desinstitucionalización y exclusión política.
Mientras que la Política de seguridad y derechos humanos no incluya componentes reales de seguridad como centro y eje transversal, se continuara con el subsumiendo del respeto y garantía de los derechos humanos, de forma tal que el lugar privilegiado que debe ocupar la realización de la dignidad humana en la política pública (por mandato constitucional), termina subordinado y con los mismos resultados negativos. Dicho esto podemos afirmar que las expresiones del conflicto en escenarios urbanos ilegales históricamente han requerido de la influencia o control de los centros urbanos como el único camino para la consolidación del control político y poblacional, mientras que el país y la gran mayoría de su población no se concentra en recuperar su memoria.
Importancia de los Archivos en los DDHH – Protocolo de Gestión Documental
«La importancia de este protocolo para el país es que ofrece herramientas destinadas a identificar, proteger y conservar aquellos documentos que se han elaborado, acopiado y recopilado, durante las décadas que han sido escenario del conflicto armado interno, pero también de aquellos que se produzcan durante el tiempo que tome la superación del mismo. Los documentos denuncian, narran y ayudan a comprender y superar la violencia. Una vez hayan sido identificados, serán parte del patrimonio documental de la nación, enriqueciendo el conocimiento del pasado que posibilite develar la verdad acerca de lo sucedido y además, registrando las distintas maneras en las que concebimos el futuro» afirma el director del AGN, Armando Martínez Garnica.
Podríamos decir entonces que el objetivo general del protocolo es entregar a la comunidad archivística colombiana un instrumento que promueva, mejore y consolide los lineamientos y medidas tendientes a las mejores prácticas de gestión documental y así proteger los archivos referentes a violaciones en materia DDHH y DIH.
¿Por qué implementar el Protocolo de Gestión Documental?
El protocolo reconoce como documentos de archivo todos los formatos y soportes siempre y cuando registre cualquier información referente a la transgresión a los DDHH y DIH, amparando este postulado no solo en la legislación colombiana vigente, sino también, en el Principio Internacional de Lucha contra la Impunidad[1] .
Ahora bien el porqué de la implementación parece sencillo a simple vista, dado que la legislación colombiana, ordena a cada una de las ramas del poder público con representación institucional y a las empresas del sector privado que ejercían función pública a cumplirlo, pero es ineludible atender como un mandato también los principios internacionales sobre la lucha contra la impunidad, los principios institucionales (únicos para cada entidad), y por supuesto los principios relacionados con la función archivística (normatividad emanada por el AGN entre otros), entonces la respuesta a la pregunta inicial es, Si implementamos el protocolo, no solo seremos garante en el proceso de atención a víctimas, sino que también construiremos memoria nacional y lo más importante tendremos un aporte directo en la aproximación de un País que sale del conflicto y la crisis humanitaria.
[1] Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos, Naciones Unidas. 61º período de sesiones, Documento e/cn.4/2005/102/add.1, 8 de febrero de 2005, http://www.idhc.org/esp/documents/PpiosImpunidad.pdf, consultada 11 de agosto de 2017
